Una de las expresiones acuñadas sobre la crisis que padecemos es que se trata de una crisis global: afecta al mundo entero y a todo el mundo, a países y personas, a lo privado y lo público. Es en este último ámbito donde nos queremos detener, en concreto, en el municipal.
Según la prensa económica especializada, más de un millar de Ayuntamientos de España se encuentran con remanente de tesorería negativo, es decir, estos Ayuntamientos no pueden hacer frente a sus gastos mediante sus ingresos. Las recientes informaciones avanzan que para este año 2010 la cifra de ayuntamientos con pérdidas aumentará de modo considerable. Esta situación afectaría a aquellos Ayuntamientos que han anclado su financiación en ingresos no recurrentes o extraordinarios y han seguido gastando al margen del ciclo económico.
El Gobierno español, aún habiendo argumentado por activa y por pasiva que la situación de la deuda pública española es menor que la de otros países europeos (un 53,2% del PIB en comparación a la de Grecia o Italia que se sitúan por encima del 115% del PIB), ha aprobado una serie de medidas drásticas de recorte de gasto y de prohibición de endeudamiento para las Administraciones, que no se entenderían si no es porque el verdadero problema de la situación financiera de la Administración pública española radica en su dificultad para el repago de la misma. De modo que es más importante la generación de ingresos recurrentes para hacer frente al pago de la deuda. El problema de España es que a nivel operativo es deficitaria. Y así se lo han hecho saber las autoridades europeas y los agentes económicos.
Entre las medidas aprobadas, en el Real Decreto Ley del pasado 20 de mayo se contempla la prohibición a los Ayuntamientos de endeudarse para los presupuestos del año 2011. Medida que es de aplicación general, fruto de la improvisación, que no respeta ni la singularidad competencial de Euskadi, ni obedece a un análisis pausado y casuístico de la realidad de las finanzas de los distintos Ayuntamientos. Esta medida, además de atentar directamente a la autonomía municipal, limita la acción de aquellos municipios que tienen sus cuentas saneadas, que han sabido entender que los ingresos recurrentes y los no recurrentes eran fruto de un ciclo económico, y que han actuado con austeridad y con la responsabilidad de implementar un sistema público sostenible, previendo momentos como los que ahora nos toca vivir.
En general, la realidad de la salud económica de los Ayuntamientos guipuzcoanos es reflejo de la prudencia, la previsión y el ahorro. Atendiendo a los cierres de los presupuestos del año 2009, la capacidad de generación de ahorro neto ha disminuido de modo considerable por la bajada de la recaudación. No obstante, todavía contamos con un conjunto de Ayuntamientos solventes para hacer frente a sus deudas y sus retos de futuro.
Sin embargo, en Gipuzkoa no todos los Ayuntamientos están en las mismas condiciones. Hay un hecho llamativo que afecta a los municipios gobernados por el Partido Socialista. Su denominador común es que prácticamente la mayoría de ayuntamientos con alcalde socialista tiene un ahorro neto negativo, es decir, están en pérdidas. Dicho en otras palabras: para hacer frente a sus gastos de funcionamiento tendrán que endeudarse o desinvertir. Lo cual es preocupante. En estos Ayuntamientos van a ser necesarias medidas drásticas de contención de gasto, si quieren sostener y garantizar el actual nivel de servicios públicos.
Si una organización genera más gastos corrientes que ingresos corrientes, está hipotecando la viabilidad de los servicios públicos y el futuro desarrollo del municipio. Llaman la atención municipios como el de Donostia con un ahorro neto negativo de 6,5 millones de euros, el de Irun con unas pérdidas o ahorro negativo de 3,5 millones de euros o el de Lasarte con un ahorro negativo de 2,3% de sus ingresos, etc. Mientras, prácticamente la mayoría de Ayuntamientos gobernados por el PNV son generadores de ahorro neto.
En definitiva, el modelo del Partido Socialista en las instituciones en las que gobierna lleva al empobrecimiento de Euskadi. Se trata de una línea calculada de retroceso por la vía del endeudamiento, una senda inquietante, si no letal, para la viabilidad del propio Concierto Económico. El freno de las medidas centralistas no impide ver el trazado socialista en Ayuntamientos y Gobierno Vasco. El fin que esta formación persigue es en lo económico paralelo al buscado en lo político: que Euskadi se parezca cada vez más a España tratando de diluir el hecho diferencial vasco también en la gestión económica para acabar asimilando al pueblo vasco en España. La respuesta del PNV es clara: procurar que el Partido Socialista cause el menor daño posible y evitar que Euskadi pierda posición avanzada y decisión propia.
Jon Jauregi, Responsable politica municipal G.B.B.
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