ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA
He señalado al inicio de mi intervención que tras el cambio producido en el Gobierno Vasco asistimos a un tiempo político distinto.
Desde el primer momento mi posición como Diputado General ha sido la de la búsqueda de una colaboración leal entre ámbas instituciones, en todas aquellas cuestiones que, desde el punto de vista de la gestión son prioritarias para nuestro territorio.
Sin embargo, en un análisis político, no puedo dejar de lado el hecho de que el cambio de Gobierno ha estado inspirado por una firme voluntad de desalojar al nacionalismo de las instituciones. El constitucionalismo español sigue sin estar dispuesto a reconocer el conflicto vasco como un conflicto que hunde su razón en la negación del pueblo vasco como sujeto político capaz de decidir su propio futuro. Falta altura democrática para afrontar esta realidad. Para el Estado, el único conflicto que existe es el terrorismo de ETA, contra el que evidentemente (y en esto coincidimos) hay que luchar con todos los instrumentos que nos proporciona el sistema democrático.
El Estado sigue considerando además, que la defensa democrática del derecho a decidir y la determinación de su institucionalización constituyen un acto contrario a la democracia y a la arquitectura institucional que da coherencia a la nación española; porque sólo reconocen como democráticas las estructuras políticas constitucionales que derivan de la soberania del pueblo español.
En el año 2001 se produce un salto cualitativo en el discurso estatal sobre el nacionalismo vasco institucional: se afirma que la pretensión del ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco es indirectamente legitimar la violencia de ETA.
Este esquema es frentista, contrario a la pluralidad y al necesario espíritu de integración que exige la cultura democrática de las sociedades avanzadas y complejas. El Partido Socialista y el Partido Popular, en un proceso de perversión mediática, pretenden identificar al nacionalismo institucional con el pasado y con la división. No tengo ninguna duda de que uno de los grandes objetivos de esta operación es resocializar a la ciudadanía vasca, institucionalizando primero y consolidando después un nuevo relato político. La transformación fundamental que se ha diseñado tiene, a su vez, grandes ingredientes mediáticos.
Tengo que decir que esta actitud del Partido Socialista y del Partido Popular no me sorprende en absoluto. Ahora bien, estoy absolutamente convencido de que el pueblo vasco no va a renunciar a sus legitimas aspiraciones; no va a renunciar a una cultura democrática inspirada en el respeto a la pluralidad y buscará las estrategias adecuadas para dar cauce a su propia visión. El traje del nuevo gobierno es demasiado pequeño para lo que hoy es Euskadi y quiere ser en un futuro.
Desde mi punto de vista, los responsables políticos e institucionales que creemos que el pueblo vasco tiene derecho a decidir su futuro, estamos obligados a buscar cauces democráticos para dar forma a esta voluntad. Creo que es absolutamente necesario reaccionar ante esta realidad de forma inequivocamente democrática.
El desalojo del lehendakari Juan Jose Ibarretxe constituye una reacción a la propuesta de una nueva relación entre Euskadi y España basada en el derecho a decidir; pero su materialización se produce gracias a la ilegalización de la Izquierda Abertzale.
Creo honestamente que la estrategia del Partido Socialista y del Partido Popular no va a cuajar en nuestro país. La solución al problema vasco pasa por su reconocimiento, por la búsqueda de un acuerdo sobre la base del derecho a decidir, por entender que la pluralidad real exige renunciar a uniformidades construidas desde la unilateralidad.
El nuevo Gobierno Vasco ha introducido cambios en los medios de comunicación públicos; apuesta por introducir modificaciones estructurales en el sistema educativo; en su relación con el Gobierno español no está actuando desde la defensa de los intereses de un país, sino en calidad de gobierno autonómico que acepta las decisiones unilaterales del gobierno del Estado.
El Partido Socialista y el Partido Popular están tratando de diluir el hecho diferencial vasco, para convertirlo en una comunidad autónoma que se parece más a un ente administrativo descentralizado dentro de un estado unitario, que a una comunidad que aspira a un mayor autogobierno sustentado en el proyecto de una nación; porque Euskadi, Euskal Herria, es una nación como la nación española. No puede ser que Euskadi esté supeditada a los intereses del partido gobernante en Madrid. La transferencia de las políticas activas de empleo constituye un buen ejemplo de ello.
Las condiciones de relación que establecemos con actores externos a nosotros, generalmente muestran muy bien la definición que hacemos de nosotros mismos; pues bien, la transformación que se está produciendo en acción exterior, orientando la actividad de las delegaciones vascas al comercio, revela muy bien la voluntad clara y firme de estos dos partidos de convertir a Euskadi en una comunidad de menor rango.
Estoy absolutamente convencido de que la sociedad vasca reaccionará en la medida en que se vaya visualizando este proceso consciente y activo de deconstrucción. Este proceso constituye un ataque directo al pueblo vasco y a su identidad plural, pero además, tiene un efecto directo en la gestión de nuestro autogobierno y en el nivel de autoexigencia que debe tener nuestro sistema institucional, en la línea de tener cada vez más capacidad de autogestión; más capacidad para diseñar nuestro propio futuro.
Un pueblo no renuncia a su capacidad de decisión por el hecho coyuntural de un cambio de gobierno. Ha habido cambio de gobierno, pero afortunadamente no ha habido cambio de país.
Frente a esta política la apuesta del gobierno que represento es sustancialmente distinta. Tenemos una posición clara a favor del derecho a decidir del pueblo vasco; una posición clara a favor del respeto a la voluntad de la sociedad vasca; queremos construir nuestro futuro desde las instituciones vascas, desarrollar nuestra identidad en el mundo globalizado. Para ello, es necesario fortalecer nuestro sistema institucional, generar dinámicas propias de país en las políticas públicas y fortalecer el espacio propio de opinión pública.
Me gustaría decir también algo sobre la estrategia del Estado en relación a la Izquierda Abertzale y en relación a ETA. La ilegalización de la izquierda abertzale constituye un déficit democrático. Eliminar del espacio institucional a la izquierda abertzale no impedirá ni su propia existencia ni la existencia de ETA. Es más; la ilegalización de la Izquierda Abertzale frena su proceso de democratización y desvinculación de la violencia de ETA.
Creo que es necesario reaccionar de una forma inteligente ante este cambio que se ha producido. Desde mi punto de vista, abordar el futuro significa abordar cinco cuestiones:
En primer lugar, fortalecer la idea de Euskadi como pueblo y como país. Es necesario que las instituciones vascas, los agentes sociales, económicos de nuestro país asumamos la responsabilidad de fortalecer a Euskadi en términos de país. Ante los intentos de diluir nuestra personalidad política, es necesario establecer nuevos procesos de socialización que impliquen este fortalecimiento desde una cultura política democrática avanzada y europea.
En segundo lugar, impulsar un consenso y blindaje ético para hacer frente a ETA. ETA atenta contra todo lo que representa la dignidad del ser humano y también contra lo que representa el respeto a la voluntad democrática de un pueblo. Es necesario destacar que son las víctimas las que más han sufrido. Las víctimas, sus familias y su entorno. Es necesario que sin fisuras realicemos un reconocimiento de la injusticia cometida y demos todo nuestro apoyo social para paliar ese dolor irreparable. Las victimas han de saber que estamos con ellos. El apoyo a las víctimas (a todas las víctimas) constituye un ejercicio de responsabilidad cívica para con el conjunto de la sociedad; una sociedad que debe reconocer referentes éticos claros para que podamos fortalecer nuestra cultura democrática.
Ahora bien, el reconocimiento a las victimas será total si se realiza desde un suelo ético común. La sociedad vasca no va aceptar posicionamientos éticos y de reconocimiento moral hacia las víctimas que además instrumentalicen esa posición a favor de unas tesis políticas partidistas. Este riesgo es real y creo que todos debemos huir él.
En la cuestión de las victimas, debemos estar todos, pero para que estemos todos, la posición ética debe estar blindada de visiones políticas partidistas. Los responsables públicos tenemos el deber de trabajar por la paz, por el respeto a todos los derechos humanos y por el reconocimiento y la memoria de las victimas del terrorismo. Por ello, quiero anunciar que a principios de octubre presentaré en estas Juntas Generales de Gipuzkoa un plan para impulsar la paz y fortalecer la memoria de las victimas del terrorismo. Este plan se está desarrollando en colaboración con el Gobierno Vasco a través de su dirección de víctimas; una colaboración que comenzó con el Gobierno de Juan Jose Ibarretxe y que sigue con el actual gobierno.
Por otra parte, la violencia de ETA se ha constituido en un factor de división y de distorsión que ha obstaculizado la consolidación en Euskadi de una estrategia democrática a favor del derecho a decidir. La necesaria construcción de un ámbito estratégico de actuación del espacio a favor del derecho a decidir requiere un blindaje ético, pues sólo avanzaremos como país, a través de un código ético incuestionable y exigente.
En tercer lugar, es necesario fortalecer socialmente el espacio del derecho a decidir. El cambio político no nos va a paralizar; Para ello, es necesario marcarse como objetivo prioritario fortalecer el principio del derecho a decidir en la sociedad civil, en la sociedad organizada y en el conjunto del sistema institucional; este fortalecimiento es la base para poder aspirar en los próximos años, en condiciones realistas, al reconocimiento de este derecho del pueblo vasco.
Es necesario que la voluntad política del pueblo vasco en torno a esta aspiración se constituya en una corriente dinámica capaz de transformar y provocar un acuerdo entre las instituciones vascas y las estatales.
En cuarto lugar, llevar a cabo un trabajo compartido entre actores políticos y sociales a favor del derecho a decidir. Hoy ese espacio se presenta fragmentado políticamente y con muy poca capacidad para generar espacios compartidos de desarrollo, con el objetivo de avanzar en un proyecto de país. Hay que establecer nuevas redes de cooperación y colaboración, más allá de las relaciones entre partidos políticos, en los distintos ámbitos de la sociedad. La materialización de cualquier acuerdo en la mencionada dirección exige una fortaleza del conjunto de la sociedad.
En quinto lugar, fortalecer nuestra relación con la sociedad vasca. La sociedad vasca está sufriendo importantes transformaciones en su cultura política. La relación de la ciudadanía respecto a la política presenta vínculos cada vez más débiles y esta realidad está transformando la identidad política y cultural de la ciudadanía vasca. Las actuales condiciones sociales de la política nos obligan a abordar un proceso de actualización estratégica, para fortalecer un proyecto de comunidad atractivo y moderno, encaminado a desarrollar un espacio de pertenencia que nos dé seguridad y libertad y que nos permita desarrollar nuestra identidad individual y colectiva. Para ello, también hemos de ampliar el espacio de los partidos políticos y debemos profundizar en su trabajo en nuevos ámbitos: organizaciones sociales, económicas, redes sociales que tejen nuestra vida cotidiana, etc.
Voy a terminar mi intervención. Durante estos dos años hemos vivido momentos de intensidad, de ilusión, de alegría pero también de dolor. Los asesinatos de Isaías Carrasco e Inaxio Uria constituyeron sin duda los momentos de más pesar para mí y para una amplia mayoría de los ciudadanos. Condeno con toda mi energía los asesinatos perpetrados por ETA y quiero trasladar mi solidaridad y afecto a las familias de las víctimas. Quiero que sepan que trabajaré a favor de la paz y que haré todo lo posible por mantener viva su memoria.
En toda actividad pública hay aciertos y errores. Quiero pedir perdón por aquellas cuestiones en las que no haya podido estar a la altura y quiero agradecer muy sinceramente al conjunto de las personas que trabajamos en la Diputación Foral de Gipuzkoa por su labor y entrega. Yo soy un eslabón más en una amplia cadena humana que pretende día a día mejorar Gipuzkoa; una Gipuzkoa en la que los más desfavorecidos ocupan un lugar central en mis preocupaciones.
Eskerrik asko.
He señalado al inicio de mi intervención que tras el cambio producido en el Gobierno Vasco asistimos a un tiempo político distinto.
Desde el primer momento mi posición como Diputado General ha sido la de la búsqueda de una colaboración leal entre ámbas instituciones, en todas aquellas cuestiones que, desde el punto de vista de la gestión son prioritarias para nuestro territorio.
Sin embargo, en un análisis político, no puedo dejar de lado el hecho de que el cambio de Gobierno ha estado inspirado por una firme voluntad de desalojar al nacionalismo de las instituciones. El constitucionalismo español sigue sin estar dispuesto a reconocer el conflicto vasco como un conflicto que hunde su razón en la negación del pueblo vasco como sujeto político capaz de decidir su propio futuro. Falta altura democrática para afrontar esta realidad. Para el Estado, el único conflicto que existe es el terrorismo de ETA, contra el que evidentemente (y en esto coincidimos) hay que luchar con todos los instrumentos que nos proporciona el sistema democrático.
El Estado sigue considerando además, que la defensa democrática del derecho a decidir y la determinación de su institucionalización constituyen un acto contrario a la democracia y a la arquitectura institucional que da coherencia a la nación española; porque sólo reconocen como democráticas las estructuras políticas constitucionales que derivan de la soberania del pueblo español.
En el año 2001 se produce un salto cualitativo en el discurso estatal sobre el nacionalismo vasco institucional: se afirma que la pretensión del ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco es indirectamente legitimar la violencia de ETA.
Este esquema es frentista, contrario a la pluralidad y al necesario espíritu de integración que exige la cultura democrática de las sociedades avanzadas y complejas. El Partido Socialista y el Partido Popular, en un proceso de perversión mediática, pretenden identificar al nacionalismo institucional con el pasado y con la división. No tengo ninguna duda de que uno de los grandes objetivos de esta operación es resocializar a la ciudadanía vasca, institucionalizando primero y consolidando después un nuevo relato político. La transformación fundamental que se ha diseñado tiene, a su vez, grandes ingredientes mediáticos.
Tengo que decir que esta actitud del Partido Socialista y del Partido Popular no me sorprende en absoluto. Ahora bien, estoy absolutamente convencido de que el pueblo vasco no va a renunciar a sus legitimas aspiraciones; no va a renunciar a una cultura democrática inspirada en el respeto a la pluralidad y buscará las estrategias adecuadas para dar cauce a su propia visión. El traje del nuevo gobierno es demasiado pequeño para lo que hoy es Euskadi y quiere ser en un futuro.
Desde mi punto de vista, los responsables políticos e institucionales que creemos que el pueblo vasco tiene derecho a decidir su futuro, estamos obligados a buscar cauces democráticos para dar forma a esta voluntad. Creo que es absolutamente necesario reaccionar ante esta realidad de forma inequivocamente democrática.
El desalojo del lehendakari Juan Jose Ibarretxe constituye una reacción a la propuesta de una nueva relación entre Euskadi y España basada en el derecho a decidir; pero su materialización se produce gracias a la ilegalización de la Izquierda Abertzale.
Creo honestamente que la estrategia del Partido Socialista y del Partido Popular no va a cuajar en nuestro país. La solución al problema vasco pasa por su reconocimiento, por la búsqueda de un acuerdo sobre la base del derecho a decidir, por entender que la pluralidad real exige renunciar a uniformidades construidas desde la unilateralidad.
El nuevo Gobierno Vasco ha introducido cambios en los medios de comunicación públicos; apuesta por introducir modificaciones estructurales en el sistema educativo; en su relación con el Gobierno español no está actuando desde la defensa de los intereses de un país, sino en calidad de gobierno autonómico que acepta las decisiones unilaterales del gobierno del Estado.
El Partido Socialista y el Partido Popular están tratando de diluir el hecho diferencial vasco, para convertirlo en una comunidad autónoma que se parece más a un ente administrativo descentralizado dentro de un estado unitario, que a una comunidad que aspira a un mayor autogobierno sustentado en el proyecto de una nación; porque Euskadi, Euskal Herria, es una nación como la nación española. No puede ser que Euskadi esté supeditada a los intereses del partido gobernante en Madrid. La transferencia de las políticas activas de empleo constituye un buen ejemplo de ello.
Las condiciones de relación que establecemos con actores externos a nosotros, generalmente muestran muy bien la definición que hacemos de nosotros mismos; pues bien, la transformación que se está produciendo en acción exterior, orientando la actividad de las delegaciones vascas al comercio, revela muy bien la voluntad clara y firme de estos dos partidos de convertir a Euskadi en una comunidad de menor rango.
Estoy absolutamente convencido de que la sociedad vasca reaccionará en la medida en que se vaya visualizando este proceso consciente y activo de deconstrucción. Este proceso constituye un ataque directo al pueblo vasco y a su identidad plural, pero además, tiene un efecto directo en la gestión de nuestro autogobierno y en el nivel de autoexigencia que debe tener nuestro sistema institucional, en la línea de tener cada vez más capacidad de autogestión; más capacidad para diseñar nuestro propio futuro.
Un pueblo no renuncia a su capacidad de decisión por el hecho coyuntural de un cambio de gobierno. Ha habido cambio de gobierno, pero afortunadamente no ha habido cambio de país.
Frente a esta política la apuesta del gobierno que represento es sustancialmente distinta. Tenemos una posición clara a favor del derecho a decidir del pueblo vasco; una posición clara a favor del respeto a la voluntad de la sociedad vasca; queremos construir nuestro futuro desde las instituciones vascas, desarrollar nuestra identidad en el mundo globalizado. Para ello, es necesario fortalecer nuestro sistema institucional, generar dinámicas propias de país en las políticas públicas y fortalecer el espacio propio de opinión pública.
Me gustaría decir también algo sobre la estrategia del Estado en relación a la Izquierda Abertzale y en relación a ETA. La ilegalización de la izquierda abertzale constituye un déficit democrático. Eliminar del espacio institucional a la izquierda abertzale no impedirá ni su propia existencia ni la existencia de ETA. Es más; la ilegalización de la Izquierda Abertzale frena su proceso de democratización y desvinculación de la violencia de ETA.
Creo que es necesario reaccionar de una forma inteligente ante este cambio que se ha producido. Desde mi punto de vista, abordar el futuro significa abordar cinco cuestiones:
En primer lugar, fortalecer la idea de Euskadi como pueblo y como país. Es necesario que las instituciones vascas, los agentes sociales, económicos de nuestro país asumamos la responsabilidad de fortalecer a Euskadi en términos de país. Ante los intentos de diluir nuestra personalidad política, es necesario establecer nuevos procesos de socialización que impliquen este fortalecimiento desde una cultura política democrática avanzada y europea.
En segundo lugar, impulsar un consenso y blindaje ético para hacer frente a ETA. ETA atenta contra todo lo que representa la dignidad del ser humano y también contra lo que representa el respeto a la voluntad democrática de un pueblo. Es necesario destacar que son las víctimas las que más han sufrido. Las víctimas, sus familias y su entorno. Es necesario que sin fisuras realicemos un reconocimiento de la injusticia cometida y demos todo nuestro apoyo social para paliar ese dolor irreparable. Las victimas han de saber que estamos con ellos. El apoyo a las víctimas (a todas las víctimas) constituye un ejercicio de responsabilidad cívica para con el conjunto de la sociedad; una sociedad que debe reconocer referentes éticos claros para que podamos fortalecer nuestra cultura democrática.
Ahora bien, el reconocimiento a las victimas será total si se realiza desde un suelo ético común. La sociedad vasca no va aceptar posicionamientos éticos y de reconocimiento moral hacia las víctimas que además instrumentalicen esa posición a favor de unas tesis políticas partidistas. Este riesgo es real y creo que todos debemos huir él.
En la cuestión de las victimas, debemos estar todos, pero para que estemos todos, la posición ética debe estar blindada de visiones políticas partidistas. Los responsables públicos tenemos el deber de trabajar por la paz, por el respeto a todos los derechos humanos y por el reconocimiento y la memoria de las victimas del terrorismo. Por ello, quiero anunciar que a principios de octubre presentaré en estas Juntas Generales de Gipuzkoa un plan para impulsar la paz y fortalecer la memoria de las victimas del terrorismo. Este plan se está desarrollando en colaboración con el Gobierno Vasco a través de su dirección de víctimas; una colaboración que comenzó con el Gobierno de Juan Jose Ibarretxe y que sigue con el actual gobierno.
Por otra parte, la violencia de ETA se ha constituido en un factor de división y de distorsión que ha obstaculizado la consolidación en Euskadi de una estrategia democrática a favor del derecho a decidir. La necesaria construcción de un ámbito estratégico de actuación del espacio a favor del derecho a decidir requiere un blindaje ético, pues sólo avanzaremos como país, a través de un código ético incuestionable y exigente.
En tercer lugar, es necesario fortalecer socialmente el espacio del derecho a decidir. El cambio político no nos va a paralizar; Para ello, es necesario marcarse como objetivo prioritario fortalecer el principio del derecho a decidir en la sociedad civil, en la sociedad organizada y en el conjunto del sistema institucional; este fortalecimiento es la base para poder aspirar en los próximos años, en condiciones realistas, al reconocimiento de este derecho del pueblo vasco.
Es necesario que la voluntad política del pueblo vasco en torno a esta aspiración se constituya en una corriente dinámica capaz de transformar y provocar un acuerdo entre las instituciones vascas y las estatales.
En cuarto lugar, llevar a cabo un trabajo compartido entre actores políticos y sociales a favor del derecho a decidir. Hoy ese espacio se presenta fragmentado políticamente y con muy poca capacidad para generar espacios compartidos de desarrollo, con el objetivo de avanzar en un proyecto de país. Hay que establecer nuevas redes de cooperación y colaboración, más allá de las relaciones entre partidos políticos, en los distintos ámbitos de la sociedad. La materialización de cualquier acuerdo en la mencionada dirección exige una fortaleza del conjunto de la sociedad.
En quinto lugar, fortalecer nuestra relación con la sociedad vasca. La sociedad vasca está sufriendo importantes transformaciones en su cultura política. La relación de la ciudadanía respecto a la política presenta vínculos cada vez más débiles y esta realidad está transformando la identidad política y cultural de la ciudadanía vasca. Las actuales condiciones sociales de la política nos obligan a abordar un proceso de actualización estratégica, para fortalecer un proyecto de comunidad atractivo y moderno, encaminado a desarrollar un espacio de pertenencia que nos dé seguridad y libertad y que nos permita desarrollar nuestra identidad individual y colectiva. Para ello, también hemos de ampliar el espacio de los partidos políticos y debemos profundizar en su trabajo en nuevos ámbitos: organizaciones sociales, económicas, redes sociales que tejen nuestra vida cotidiana, etc.
Voy a terminar mi intervención. Durante estos dos años hemos vivido momentos de intensidad, de ilusión, de alegría pero también de dolor. Los asesinatos de Isaías Carrasco e Inaxio Uria constituyeron sin duda los momentos de más pesar para mí y para una amplia mayoría de los ciudadanos. Condeno con toda mi energía los asesinatos perpetrados por ETA y quiero trasladar mi solidaridad y afecto a las familias de las víctimas. Quiero que sepan que trabajaré a favor de la paz y que haré todo lo posible por mantener viva su memoria.
En toda actividad pública hay aciertos y errores. Quiero pedir perdón por aquellas cuestiones en las que no haya podido estar a la altura y quiero agradecer muy sinceramente al conjunto de las personas que trabajamos en la Diputación Foral de Gipuzkoa por su labor y entrega. Yo soy un eslabón más en una amplia cadena humana que pretende día a día mejorar Gipuzkoa; una Gipuzkoa en la que los más desfavorecidos ocupan un lugar central en mis preocupaciones.
Eskerrik asko.
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