Memorias de un calvario

Memoria de un calvario noticias de gipuzkoa.08.06.22

"¿QUé os ha hecho mi mujer, qué os han hecho mis hijos, qué culpa tienen ellos para que les condenéis a muerte? ¿Y ahora decidme a mí, qué culpa tengo yo para que me hagáis chantaje y me condenéis a muerte si no pago el impuesto revolucionario?". Andrés Bruño lanzaba estas preguntas al aire el 18 de septiembre de 1980, en un pleno extraordinario convocado siendo alcalde de Usurbil para denunciar una carta que acababa de recibir de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.
Esta organización armada, nutrida en parte por antiguos miembros de los comandos Bereziak de ETA político-militar, reclamaba en la misiva dos millones de pesetas "con el fin de sufragar los gastos que conlleva la práctica de la lucha armada revolucionaria" y vertía una amenaza que Bruño, propietario de una empresa marisquera fundada hace 50 años, no ha podido quitarse de la cabeza desde entonces: "En caso de impago de dicha cantidad o aviso a la Policía procederemos a su eliminación física o bien al secuestro de cualquiera de sus hijos con todas sus consecuencias". Los firmantes le citaban en la cafetería del Teatro Baiona y le pedían que llevara El Diario Vasco bajo el brazo para poder identificarle. No sólo no acudió, sino que lo denunció públicamente en aquel Pleno extraordinario.
Asistieron a la sesión su mujer y cuatro de sus ocho hijos, entre ellos Maribel y Blanca Bruño, entonces veinteañeras, que tres décadas después se han convertido en las primeras empresarias extorsionadas por ETA encarceladas por lo que el juez Baltasar Garzón considera una colaboración económica "voluntaria" con la organización. Su padre aún no puede dar crédito a ver a sus hijas tratadas como si fueran una "célula terrorista" después de 28 años "sufriendo la presión constante de la extorsión".
ante la paradoja
La pesadilla cobra intensidad
Este miércoles denunció la "paradoja" en la que se ha visto inmerso. En su Carta de un padre destrozado , aseguraba que más allá de un trato más o menos agresivo por parte del extorsionador, el golpe siempre es fuerte y no cabe una respuesta voluntaria. La pesadilla que viene sufriendo intermitentemente desde aquel lejano Pleno de 1980 ha cobrado de nuevo intensidad.
Una revisión del acta de aquella sesión refleja lo poco que han cambiado algunas cosas. Entonces, la moción de condena a las amenazas sufridas por Bruño resultó aprobada sólo con cinco de los trece concejales de la corporación, los del PNV, que se declaraban conscientes de los "riesgos" que suponía hacer una declaración pública de este tipo, por entonces totalmente inusual.
Sólo el empresario donostiarra Juan Alcorta, promotor de Koipe y fundador de Bankoa, se había atrevido meses antes a negarse a pagar el impuesto revolucionario a ETA, a la que dirigió una carta abierta. "Me rebela la idea de tener que pagar para salvar la vida, de ceder al miedo absoluto de morir. No soy un héroe, no quiero serlo", expuso, en un gesto inédito y muy arriesgado en esas fechas.
Aunque con menos eco, Bruño fue el siguiente en dar este paso, en aquella ocasión enfrentándose a los agresivos Comandos Autónomos. En una entrevista en Cambio 16, explicó el calvario del que se sentía víctima. La familia lo recuerda como un trago muy amargo que les llevó a convencer a Andrés de que dejara la política, aunque él hubiera querido seguir y aún hoy, con 83 años, presta su nombre para completar listas de EA.
enemigos cercanos
¿Quién filtró sus datos?
Especialmente doloroso para Bruño fue pensar que los datos que llevaron a los Comandos Autónomos a extorsionarle pudieron salir de alguno de sus compañeros de corporación en la oposición, que no apoyaron la moción de condena a la carta. Los cinco integrantes de la plataforma Usurbilgo Herri Lan se abstuvieron tras mostrar su "escepticismo" ante la autenticidad de la misiva, en un momento de fuerte convulsión municipal por la construcción del puente de Aguinaga. Uno de los ediles del grupo de Independientes-Euskadiko Eskerra sólo apoyó parte de los puntos del texto del PNV e hizo una declaración alternativa mostrando su "total y absoluta condena" de la carta.
Tras la primera misiva llegaron más. En otras ocasiones fueron llamadas. Al otro lado ya estaba ETA. Bruño siempre se negó a pagar y, como muchos extorsionados, prefería no decir nada a su familia cuando recibía estas amenazas para no extender la angustia que supone sentir la sombra de la extorsión. "Nosotros -explica un familiar- no hemos sabido nada. La sospecha de las amenazas estaba ahí, pero al final miras hacia otro lado, necesitas hacerlo para sobrevivir".
En 2003, les llegó el turno a Blanca, gerente de la empresa familiar, y Maribel, andereño de profesión y también vinculada al negocio. Las hermanas de Orio admitieron haber recibido dos cartas. En la primera se les exigía el pago de 120.000 euros y en la segunda de 30.000. El magistrado sostiene que negociaron pagar 6.000 euros, aunque ambas lo negaron en su declaración, antes de que el juez ordenara su ingreso incondicional en la prisión de Alcalá Meco, medida recurrida por su abogado.
Hoy, la duda es si finalmente quedarán en libertad, dada la aparente fragilidad de las pruebas en su contra, o si la mancha de aceite que supone el todo es ETA de Garzón seguirá extendiéndose, ahora a los empresarios que pagan el impuesto revolucionario. De momento, la presunción de culpabilidad se ha impuesto sobre la de inocencia.