Ni siquiera derecho a preguntar

Editorial Noticias de Gipuzkoa

Ha sido completamente previsible el pronunciamiento del Tribunal Constitucional contra la Ley de Consulta aprobada en el Parlamento Vasco, y el hecho de que la decisión haya sido tomada por unanimidad resulta irrelevante porque no podría esperarse otra cosa de la composición de ese tribunal. La doctrina que impera en la sentencia es que en el actual marco jurídico los vascos no tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro político, aunque se trate de una reivindicación profundamente democrática. Nada nuevo y fruto de aquella ejemplar transición de la dictadura a la democracia. El ejercicio del derecho a decidir por parte de los vascos lesionaría, según el TC, "la soberanía nacional" española, como la lesionan el Tratado de la Unión Europea y todas sus normas, pero esto no cuenta. Lo que el Tribunal Constitucional ha decidido es que las instituciones vascas ni siquiera tienen el derecho a preguntar, lo cual deja claro que lo que preocupa a los poderes fácticos españoles es conocer la opinión de la ciudadanía vasca. No quieren ni saberla, y mejor cortar por lo sano y prohibir que se pregunte, por ejemplo, si la sociedad vasca quiere que ETA abandone las armas, o que los partidos políticos vascos alcancen un acuerdo. Zanjado el asunto por el TC, los partidos vascos de obediencia estatal, PSE y PP, se apresuraron a aplaudir la sentencia y a exigir al Gobierno Vasco "que acate el fallo", exigencia que denota un especial interés por trasladar a la opinión pública -tanto vasca como española- una especie de imagen de insumisión obsesiva por parte del lehendakari, del tripartito y de Aralar. Al mismo tiempo, PP y PSE exigen que hasta aquí ha llegado "el empecinamiento" del lehendakari, que el fallo del TC es "una muestra de normalidad democrática" y que quede el asunto definitivamente zanjado. Pues la pura normalidad democrática es, en primer lugar, acatar la sentencia aunque no se comparta, que es lo que han hecho el lehendakari, los partidos del Gobierno y Aralar. Normalidad democrática es, también, agotar el recorrido legal para defender la decisión del Parlamento Vasco y en ese recorrido encaja perfectamente el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decisión que podría llevarse adelante sin que los que han aplaudido el fallo del TC la interpretasen como un "disparate", término con el que otros ya la han calificado.